FOTOGRAFÍA: FELIPE RODRÍGEZ
Sin freno, y afectando los territorios y los derechos de comunidades étnicas y locales de la Amazonía, crece el mercado de bonos de carbono en América Latina. Precisamente para alertar al hemisferio sobre estos impactos, Dejusticia y 11 organizaciones de la región, principalmente de Perú y Guyana, participarán este 28 de febrero en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El objetivo, además de evidenciar el despojo y la afectación que están sufriendo las comunidades de la región amazónica, es generar una reflexión sobre cómo los compromisos para mitigar el cambio climático deben ir en sintonía con el respeto por los derechos humanos. Además, y no menos importante, se espera que la intervención, en la que participarán representantes de las comunidades afectadas, aporte las bases para consolidar estándares interamericanos para regular el mercado de bonos de carbono.
¿Por qué es importante hablar de regular el mercado de bonos de carbono?
En palabras de José Francisco Calí Tzay, relator especial de la ONU sobre los derechos de pueblos indígenas, “entre los riesgos para los derechos humanos que son más habituales en el contexto de la financiación verde, cabe citar los desalojos y el reasentamiento forzoso, la falta de consultas sobre el uso de la tierra y los mecanismos de decisión, la degradación ambiental, la escasa información que se facilita sobre la gobernanza de los recursos naturales y las deficiencias de las evaluaciones del impacto ambiental y social”.
Estas falencias se dan porque no existe regulación de estos mercados, lo cual también afecta el acceso a la información y la transparencia que deben tener las gestiones ambientales. El seguimiento a los bonos de carbono, al estar en el ámbito de los contratos privados, atraviesa una serie de obstáculos entre los que se destacan: cláusulas de confidencialidad, contratos en idiomas que los pueblos indígenas que los suscriben no entienden y, además, la resolución de estos conflictos se da en instancias privadas de arbitraje.
Es muy común que los bonos sean adquiridos masivamente por empresas con considerables huellas de carbono, lo cual les permite mejorar su reputación frente a consumidores e inversionistas, que en el fondo desconocen las violaciones a los derechos humanos que hay detrás del mercado.
Tal como lo ha expresado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, los Estados deberían evitar la aprobación de este tipo de mercados, debido a que bajo la excusa de la reforestación masiva o la protección de los bosques existentes, terminan propiciando diferentes formas de acaparamiento de tierras que, por lo general, son habitadas por poblaciones en situación de vulnerabilidad, como campesinos o pueblos indígenas.
¿Qué solicitaremos a la CIDH?
- Desarrollar estándares y políticas específicas sobre acceso a la información, transparencia y participación -que tengan como base el Acuerdo de Escazú y otros tratados internacionales- para regular la certificación y registro de las transacciones de bonos de carbono.
- Desarrollar una línea de trabajo específica sobre el impacto del mercado de bonos de carbono en los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales.
- Incorporar este fenómeno en el monitoreo de la situación de derechos humanos que se presenta en los informes anuales de las relatorías de la CIDH.
- Que los Estados de la región adopten marcos regulatorios efectivos para la certificación, registro y comercialización de bonos de carbono.
- Establecer una guía que garantice la autonomía de las comunidades locales y el derecho al consentimiento previo, libre e informado, antes de iniciar un proyecto de bonos de carbono, con el fin de evitar conflictos interétnicos e intraculturales.
Colombia y el mercado de bonos de carbono
Fotografía: Felipe Rodrígez Territorio indígena del Pirá Paraná
Desde su llegada a Colombia, el mecanismo de Reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques (REDD+) ha generado diversos impactos sobre los territorios y los sistemas de gobierno y conocimiento indígenas. Se trata de una serie de afectaciones que se suman a la discriminación histórica de los pueblos indígenas, las dificultades que han enfrentado para el ejercicio pleno de sus derechos y el déficit de protección efectiva por parte del Estado.
Los casos más recientes y visibles se han presentado en tres lugares: dos en la Amazonía, en el territorio indígena Pirá Paraná y en una zona habitada por el pueblo Nukak, y el tercero en el suroccidente del país, en el municipio de Cumbal (Nariño).
El primer caso ocurre en el sur de Vaupés, donde autoridades del Territorio Indígena del Pirá Paraná presentaron una tutela para dejar sin efectos un proyecto de bonos de carbono que comenzó a implementarse sin su consentimiento, pasando por alto su gobierno propio y que ha generado fisuras al interior de las 17 comunidades que lo integran.
Desde Dejusticia intervinimos en este caso, que se encuentra en revisión por parte de la Corte Constitucional. El segundo caso afecta al pueblo Nukak. Tiene que ver con un contrato de bonos de carbono firmado a 100 años sin asesoría técnica ni acompañamiento jurídico. En este caso se vulneró el derecho a la consulta previa y se incluyó una cláusula de exclusividad e irrevocabilidad a favor de una empresa privada. Cabe resaltar que, según la Corte Constitucional, este pueblo está en riesgo de exterminio físico y cultural.
Por último, el tercer caso es el del resguardo indígena de Gran Cumbal, en el cual su gobernador firmó un contrato en 2022 sin llevar a cabo una consulta previa, lo cual ha generado fisuras en el Consejo Mayor del Resguardo, pero también con líderes y población de la región. Los términos del contrato tampoco fueron socializados, bajo el alegato de confidencialidad al ser un contrato entre particulares. Este proyecto cobija cerca de 49.000 hectáreas de páramo.
El problema principal de REDD+ es que el modelo, en general, y los proyectos, en particular, desconocen el rol fundamental que cumplen los pueblos indígenas en la protección de la vida en el planeta. Estos son excluidos de las discusiones globales sobre las soluciones efectivas frente al cambio climático y son relegados al lugar de objeto de políticas formuladas por fuera de sus territorios de acuerdo a concepciones sobre el desarrollo ajenas a sus aspiraciones sobre cómo vivir.
En el modelo de REDD+, el diseño de los proyectos, así como las decisiones y el manejo sobre los territorios donde tienen lugar, le corresponde a actores externos al territorio y no a los pueblos y comunidades indígenas que tradicionalmente los han habitado y gobernado a partir de sus sistemas de conocimiento.
¿Quiénes participaremos en la audiencia ante la CIDH?
Perú
Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA)
Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA)
Federación de Pueblos Indígenas Kechwas del Bajo Huallaga San Martín (FEPIKBHSAM)
Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (CODEPISAM)Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
Instituto de Defensa Legal (IDL)
Colombia
Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)
Fundación Gaia Amazonas
Guyana
Ameridian Peoples Association (APA)
Organizaciones regionales
Forest Peoples Programme (FPP)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés)
