FOTOGRAFÍA: Juan Gabriel Soler
El pasado martes 5 de marzo los pueblos indígenas del departamento de Guainía presentaron una acción de tutela contra el Gobierno Nacional, la Gobernación y la Asamblea Departamental, quienes avanzan en el proceso de Municipalización del 60% del departamento a través del Decreto 1454 de 2018, desconociendo los Territorios Indígenas que existen en el territorio, sus sistemas de gobierno, y el derecho a la consulta previa libre e informada de los pueblos que allí habitan.
El Decreto 1454 de 2018 busca crear dos nuevos Municipios en el Guainía sobre Territorios Indígenas, los cuales están protegidos constitucionalmente. Por ello, la tutela exige la implementación del Decreto 632 de 2018, que reconoce el derecho al gobierno propio de los pueblos indígenas de la amazonía, quienes a través de su conocimiento tradicional y sus sistemas de manejo ambiental, conservan la diversidad biológica y cultural de la selva amazónica y sus servicios ecosistémicos para Colombia y el mundo.
El Decreto 1454 mezcla cinco Áreas No Municipalizadas para crear dos nuevos Municipios así: i) el Municipio de Barrancominas, conformado por Barranco Mina y Mapiripana; y ii) el Municipio de San Felipe, conformado por Pana-Pana, Puerto Colombia y San Felipe.
Actualmente, las 4.330.841 Ha de territorio, correspondientes al 60% del Guainía están custodiadas 4 pueblos amazónicos (Curripaco, Ñamepaco, Sikuani, Piapoco) en 14 Resguardos, los cuales se verían afectados por esta decisión del gobierno nacional, por lo que la tutela busca su inmediata inaplicabilidad. Además, este decreto desconoce lo regulado por el Decreto 632 de 2018, que reconoce a los Territorios Indígenas con el mismo estatus de un Municipio, para que a través de los Consejos Indígenas ejerzan el gobierno propio, la autonomía y la autodeterminación como lo dispone la Constitución.
Los pueblos indígenas argumentan que hasta la fecha la expedición del Decreto 1454 no ha contado con su consulta y su consentimiento previo, libre e informado, vulnerando los derechos fundamentales a la integridad cultural, el gobierno propio y la autonomía en la toma de decisiones con relación a la gestión política y administrativa de sus territorios.
La Municipalización de territorios de gran extensión, como es el caso de Cumaribo (Vichada) y Solano (Caquetá), ha generado escenarios estatales con baja gobernabilidad, prácticas de corrupción en el manejo de los bienes y recursos públicos y el contante avance de la deforestación que arrasa con el pulmón del planeta. Por ello, las Autoridades Indígenas del Guainía argumentan que es urgente detener el proceso de municipalización, para evitar un daño irreparable a los pueblos indígenas y a sus territorios. Estos últimos han garantizado la estabilidad social, política y ambiental de esta región de la Amazonía, fundamental a nivel nacional y global, especialmente con el inminente aumento de las amenazas que plantea el cambio climático.
En la elaboración de la acción judicial y su trámite es fruto de la aliaza entre las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas del Guainía, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana –OPIAC- y la Fundación Gaia Amazonas, que tiene como propósito promover el ejercicio pleno de los derechos de los Pueblos amazónicos.
