Fotografía: Archivo de la nación
Tuvieron que pasar décadas de lucha por el reconocimiento de sus territorios, de los sistemas propios de conocimiento y gobierno para llegar al histórico decreto 632 de 2018. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas rendimos un homenaje al camino que estas comunidades siguen recorriendo para reivindicar la diversidad, la autonomía y lo que por naturaleza, les pertenece.
Durante 27 años, 18 millones de hectáreas o el 37% de la Amazonia colombiana estuvo en un vacío jurídico. Antes del decreto 632 esa era parte de la historia para los pueblos indígenas de Amazonas, Vaupés y Guainía quienes, a pesar de gobernar, conservar y manejar este territorio aún no eran reconocidos como autoridades por el Estado colombiano.
Allí donde las figuras de municipio no existen, donde la mayoría de la población es indígena y se encuentra una gran parte de la riqueza cultural y natural de este país, viven más de 57 etnias que hoy se preparan para reescribir su historia, para gobernar con sus estructuras tradicionales, en sus sistemas de toma de decisión y bajo sus propias políticas. Y es que gracias a la norma de 2018 que reglamenta su derecho de gobernarse bajo su propia autoridad, los resultados de esta lucha empiezan a verse más claros.
Una lucha histórica
Antes de 1991, una Colombia multicultural plenamente reconocida no pasaba de ser un anhelo. La constitución de 1886, bajo la que se regía el país para ese momento, declaraba que los colombianos debían ser iguales: “una sola lengua, una sola raza y una sola religión”. La identidad estaba basada en un principio de homogeneidad absolutamente excluyente.
Los pueblos indígenas, por ejemplo, estaban ubicados en resguardos donde seguían el proceso de educación bajo la religión católica y en castellano, como lo dictaba la Corona española desde el siglo XVI. División que marcó el inicio de la lucha por el territorio y el reconocimiento de su autonomía. Martín Quintín Lame, nacido en Popayán en 1883, fue uno de los líderes más representativos de esta resistencia desde el pueblo Páez o Nasa, y rápidamente ganó respaldo entre diferentes comunidades indígenas del país.
Su defensa era una protección por la tierra de las comunidades y el derecho al autogobierno, una pelea totalmente desprendida de la intención opresiva con la que fueron creados los resguardos para reunir a los indígenas, mantenerlos controlados y obligarlos a pagar impuestos. Es así como esta figura empieza a convertirse en un lugar de rebelión, de resistir, en el lugar donde podían mantener su lengua, conocimiento y sus sistemas de salud, educación y vida.
Pedro Tattay -cineasta y director de un documental sobre la vida del líder indígena- cuenta en un artículo de BBC sobre el legado de Quintín Lame, que “él marca precisamente un pensamiento en los indígenas y que muchos de sus planteamientos son los mismos planteamientos de base que tienen estas organizaciones: recuperar y proteger el territorio, sin pagar por vivir en él y por ponerlo a producir”.
Camino al reconocimiento
Para mitades del siglo XX, las discusiones por la crisis ambiental, los sistemas de conocimiento y culturas tradicionales hasta ahora empezaban a tomar fuerza. En Colombia, indígenas y campesinos se unían en una lucha por reivindicar sus formas de conocimiento, su relación con el entorno basada en el respeto, la reciprocidad y la armonía que tanto se distanciaba de las sociedades modernas.
Las décadas de los setenta y ochenta marcan el estallido de diversos movimientos sociales y generan las condiciones para que en 1971 se forme el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), un espacio fundamental para lograr un mayor reconocimiento de derechos y tierras. Al mismo tiempo, los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana crean el Consejo Regional Indígena del Vaupés (CRIVA) llevando el mensaje de su lucha por la tierra y su derecho a decidir cómo vivir en ella desde el conocimiento tradicional, que se mantiene vivo en la palabra de los abuelos y abuelas de la Amazonía.
Para 1988, el entonces presidente de Colombia, Virgilio Barco les daba a las comunidades una buena noticia. Con una frase en uitoto, “por fin, la tierra de ustedes es de ustedes”, anunciaba que en su gobierno la propiedad sobre 18 millones de hectáreas sería devuelta. El reconocimiento de los territorios indígenas, que se le atribuye a Barco, permitió la creación de los resguardos de mayor extensión en Colombia, ubicados en la Amazonía.
Fotografía: Archivo de la nación
El Resguardo Predio Putumayo, el más grande del país; el Gran Resguardo del Vaupés, donde conviven más de 18 pueblos y el Resguardo Yaigojé Apaporis (1988), convertido en parque nacional natural y la primera área protegida del país cuyo plan de manejo se basa en el conocimiento tradicional.
Un país pluriétnico multicultural
Líderes de movimientos sociales, representantes indígenas (de los Pueblos Misak, Nasa y Embera) y excombatientes de grupos armados fueron algunos de los que tuvieron voz y voto para construir la nueva constitución de 1991. Desde ese momento, Colombia es, al menos desde el papel y la ley, un país pluriétnico y multicultural.
También es una nación multilingüe que reconoce y protege la diversidad cultural, y que debe salvaguardar su inmensa riqueza natural; ostenta el récord de ser el segundo país más biodiverso del planeta, después de Brasil. Esta nueva constitución representó, sin duda, muchos avances para la lucha indígena; por ejemplo, definió que los resguardos son inalienables, es decir que nadie puede quitarles su propiedad; imprescriptibles, no se vence su titularidad y también son inembargables.
Gracias a esta reforma constitucional existen las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una categoría política y administrativa equivalente a los municipios, donde las unidades locales de gobierno son precisamente estos pueblos. Un avance que, sin embargo, requiere que el Congreso tramite una ley de ordenamiento territorial que lo reglamente; proceso que sigue en espera.
El decreto que lo cambió todo
La espera ha sido larga. En 1993, un decreto transitorio, el 1088, reconoció y reglamentó las Asociaciones de Cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas. Pero desde entonces, al menos, 22 proyectos de ley, relacionados con la ley de ordenamiento territorial fracasaron en el Congreso.
Las comunidades, sin embargo, se mantuvieron firmes en su decisión. En 2004, gracias al trabajo realizado por la Fundación Gaia Amazonas con 11 Asociaciones de Autoridades Tradicionales y Cabildos indígenas (AATI) se construyó un primer borrador de lo que sería el decreto 632 de 2018. Gaia Amazonas ha sido clave para el éxito de este proceso, pues desde hace más de tres décadas apoya a diferentes comunidades en su proceso organizativo y legal con asesoría técnica para la delimitación de sus territorios y en el fortalecimiento de sus organizaciones locales.
Siete años después, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) asumió el liderazgo y continuó con apoyo de la Fundación, entre otras organizaciones, los procesos de concertación, consulta y relacionamiento con el gobierno Nacional hasta lograr la firma del decreto, el 10 de abril de 2018.
Este decreto define cómo se deben gobernar los territorios en áreas no municipalizadas; uno que muchos catalogan como histórico y que, en realidad, salda de cierta forma la deuda que el Estado tiene con los pueblos amazónicos. Son tres los puntos clave definidos por esta norma.
El primero de ellos, la conformación y el registro de los Consejos Indígenas —forma de gobierno conformada y reglamentada a través de sus usos y costumbres—; el segundo, la puesta en funcionamiento de sus territorios que tiene como punto de partida lo que las autoridades indígenas determinen frente a su plan de vida, su delimitación territorial, el régimen administrativo, el plan de fortalecimiento institucional de sus territorios y una propuesta de funciones con eficiencia administrativa y pertinencia cultural.
Además, establece el mecanismo que garantiza el respeto a su autonomía y autodeterminación en la administración de los recursos y de todas aquellas fuentes que permitan el desarrollo de sus políticas propias y la integridad territorial. Hasta el momento, el Ministerio del Interior ha registrado siete consejos: Pirá-Paraná, Mirití-Paraná y Bajo Río Caquetá, Surubí (Vaupés y Guainía), Yaigojé-Apaporis (Amazonas), Alto Río Guainía- Payuwiaya Jiwidan y Medio Río Guainía (Guainía).
