Fotografía: Juan Gabriel Soler
Luego de 11 años de la creación del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, las 21 comunidades que lo habitan y sus autoridades conformaron el Consejo Indígena de Yaigojé Apaporis: un paso más en el reconocimiento de sus derechos y en la puesta en funcionamiento de su territorio como Entidad Político Administrativa.
En ejercicio del derecho a la libre determinación y en el marco de la aplicación voluntaria del Decreto Ley 632 de 2018, las autoridades y comunidades indígenas del territorio de Yaigojé Apaporis tomaron la decisión autónoma de conformarse como Consejo Indígena. Este paso es uno más en la lucha de estos pueblos para el pleno reconocimiento de sus derechos y el funcionamiento de su territorio como entidad político administrativa encargada de ejercer las competencias que le asignan la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT y las leyes de la República.
Esta determinación, tomada por las Autoridades Indígenas del Yaigojé Apaporiris los días 3 y 4 de noviembre de 2019 en la comunidad de Centro Providencia, se fundamentó en la voluntad que expresaron las comunidades en las reuniones que se hicieron por cada una de ellas. En estas reuniones comunitarias, en donde equipos indígenas promovieron la apropiación colectiva del Decreto Ley 632, se certificaron las Autoridades Indígenas que posteriormente conformaron el Consejo Indígena en la comunidad de Centro Providencia.
Así como quedó expresado en su reglamento, el Consejo Indígena del Yaigojé Apaporis, como órgano de gobierno del Territorio Yaigojé Apaporis y de las 21 comunidades allí establecidas, se rige por el pensamiento y ley de origen, los sistemas de gobierno y de manejo cultural de los pueblos que habitan el territorio, así como por los principios y valores constitucionales.
Una vez conformado el Consejo Indígena y aprobado su reglamento, es decir habiendo nacido a la vida jurídica, el señor Gerardo Macuna, actuando como representante legal, solicitó el pasado 13 de diciembre de 2019 el registro del Consejo Indígena ante el Estado. Aunque se están clarificando algunos aspectos importantes, el día 30 de junio de 2020, el Ministerio del Interior realizó el registro de este órgano de gobierno indígena. Las autoridades indígenas del Yaigojé continúan avanzando en las etapas restantes para lograr el funcionamiento pleno de su territorio.
El Decreto Ley 632 de 2018 desarrolla los mandatos constitucionales, según los cuales los territoriales indígenas se reconocen como entidades territoriales indígenas, con los derechos de gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias públicas que les corresponden y manejar sus recursos. Lo anterior en un marco de autonomía y como expresión del deber de respetar y promover la diversidad étnica y cultural de la nación. En todo este proceso, las autoridades indígenas se afirman y son reconocidas como autoridades públicas.
Fotografía: Juan Gabriel Soler
Los sistemas de conocimiento indígena para el manejo tradicional del territorio son el fundamento que explica la milenaria preservación de la integridad de biocultural de la Amazonía y una de las razones por las que las autoridades indígenas han reivindicado su derecho a ser actores de primer orden en la elaboración e implementación del Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano, ordenado en la sentencia STC 4360 (Corte Suprema de Justicia) que reconoció a la Amazonía como un sujeto de derechos. Ese pacto, han dicho las autoridades del Yaigojé Apaporis, más que entre generaciones, debe ser entre culturas; es decir, entre maneras de conocer, manejar y valorar la naturaleza. Un pacto sin las autoridades indígenas, ahora conformadas como Consejos Indígenas, es un pacto incompleto.
Hace ya 11 años que las Autoridades Indígenas y Parques Nacionales Naturales de Colombia, acordaron la creación de un Parque Nacional Natural en el área del reguardo indígena Yaigojé Apaporis como una medida adicional para protección cultural y conservación ambiental. La puesta en funcionamiento de los territorios indígenas, con arreglo al Decreto Ley 632 de 2018, constituye una valiosa oportunidad para que el Estado avance en el cumplimiento de los fines constitucionales de descentralización y pluralismo y se reconozcan plenamente los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas como fundamento para la administración su territorio como Entidades Territoriales Indígenas.
