Fotografía: Juan Gabriel Soler
La ampliación de 21.775 hectáreas en el Resguardo Indígena Camaritagua contribuye a que los sistemas de conocimiento indígena para el manejo tradicional del territorio, sigan siendo el fundamento que explica la milenaria preservación de la integridad de biocultural de la Amazonía.
Desde Leticia, el Gobierno Nacional anunció este martes la ampliación del Resguardo Indígena Camaritagua en el departamento de Amazonas. Este importante hecho garantiza la seguridad jurídica de los territorios, impulsa la consolidación de las estrategias de gobernanza ambiental de la Amazonía y el ejercicio de los derechos étnico-territoriales de los pueblos indígenas.
La ampliación robustece la conectividad cultural y ambiental Andes-Amazonas-Atlántico y consolida esfuerzos para preservar la integridad ambiental de la región y de las áreas protegidas que forman parte del mosaico constituido por los Parques Nacionales Yaigojé Apaporis, Puré, Cahuinarí y Chiribiquete. Así mismo, fortalece la conectividad entre las cuencas de los ríos Puré, Mirití y Apaporis y avanza en las medidas para la protección del pueblo Yurí que se encuentra en aislamiento voluntario.
Hasta la fecha, en el departamento del Amazonas se ha efectuado la ampliación de cuatro Resguardos Indígenas, reconociendo miles de hectáreas de su territorio tradicional así: Puerto Córdoba 11.147 hectáreas, Comeyafú 12.848 hectáreas, Camaritagua 21.775 hectáreas, y Andoke Aduche 126.28 hectáreas, beneficiando a los pueblos Bora, Barasano, Carijona, Andoke, Cubeo, Letuama, Miraña, Matapi, Macuna, Tatuyo, Tariano, Tanimuca, Uitoto y Yucuna.
La historia
Al momento de constituirse los Resguardos Puerto Córdoba (1985), Comeyafú (1985) y Camaritagua (2002) algunas áreas, que formaban parte del Territorio Indígena, quedaron sin protección, pues no se incluyeron en la delimitación realizada por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria – INCORA, entidad encargada en esa época de los procedimientos de titulación en favor de los pueblos indígenas. Por eso, y con el fin de resolver este desconocimiento de los derechos fundamentales, las Autoridades Indígenas adelantaron las solicitudes de ampliación para garantizar la protección integral de sus territorios, inicialmente ante el INCORA y, posteriormente, ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, entidad que reemplazó a la primera en las competencias relacionadas con el reconocimiento territorial a los pueblos indígenas.
Sin embargo, transcurrieron más de 20 años sin que las entidades encargadas adelantaran los procedimientos requeridos para cumplir con lo dispuesto en la Constitución y la Ley.
Además, desde 2010, la zona se ha visto afectada por procesos de minería ilegal y en los últimos cuatro años por la presencia de grupos armados ilegales. En marzo de 2016, la situación se hizo más compleja, debido a que personas no indígenas realizaron la compraventa de una porción del territorio, que aún no estaba formalizado legalmente, amenazando la integridad de este territorio.
Por esta razón, las Autoridades Indígenas del Bajo Río Caquetá acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras –URT, quien inició la primera acción judicial para la restitución de sus derechos territoriales. Gaia Amazonas brindó el acompañamiento técnico y el soporte financiero a las comunidades para la realización de las reuniones internas y las gestiones externas, al tiempo que facilitó los medios logísticos para que la ANT y el Ministerio de Ambiente realizaran los procedimientos de ampliación conforme a la ley.
Una garantía para los sistemas de manejo tradicional del territorio
La constitución y ampliación de Resguardos en la Amazonía Oriental colombiana (departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía), es fundamental para que los sistemas de conocimiento indígena sigan siendo la base que explica la milenaria preservación de la integridad biocultural de la Amazonía, y, para que los pueblos indígenas, en el ejercicio del derecho a la libre determinación y en el marco de la aplicación voluntaria del Decreto Ley 632 de 2018, se conformen como Consejos Indígenas, dando inicio a la puesta en funcionamiento de sus gobiernos como entidades político administrativas.
Este importante paso contribuye a la implementación del Pacto de Leticia, que reconoce el valor de la Amazonía y la importancia de su conservación y del uso sostenible de la biodiversidad, así como el papel que cumplen los pueblos indígenas en la consecución de este objetivo. Además, aporta a la implementación del Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano, ordenado en la sentencia STC 4360 (Corte Suprema de Justicia) que reconoció a la Amazonía como un sujeto de derechos.
Estos logros son producto de la acción coordinada entre las Autoridades Indígenas de la zona, representadas por los Consejos Indígenas del Bajo Río Caquetá, del Mirití y del Yaigojé Apaporis, y la Agencia Nacional de Tierras, que contaron con el apoyo técnico y financiero de la Fundación Gaia Amazonas y Andes Amazon Fund, la Fundación Gordon y Betty Moore y el acompañamiento de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – OPIAC.
