Así está el panorama para los pueblos indígenas en las negociaciones de cambio climático y biodiversidad

– Se presentó un primer gran informe de un organismo de la ONU que reconoce y documenta rigurosamente por qué los pueblos indígenas son los mejores guardianes de nuestros bosques. Se trata de ‘Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques, una oportunidad para la acción climática en América Latina y el Caribe’, el cual muestra cómo los territorios de propiedad colectiva de los pueblos indígenas han evitado hasta 59,7 millones de toneladas métricas (MtC) de emisiones de dióxido de carbono (CO2) cada año en Bolivia, Brasil y Colombia; lo que equivale a retirar de la circulación hasta 12,6 millones de vehículos durante un año.

FOTOGRAFÍA: Juan Gabriel Soler

La Amazonía empieza a estar en los planes del sector privado. Ocho instituciones financieras y empresas del sector agroindustrial anunciaron la iniciativa de Financiación Innovadora para la Amazonia, el Cerrado y el Chaco (IFACC) en el que destinarán 3.000 millones de dólares para desacelerar la deforestación y la producción de soja y ganado en Suramérica; y en estas tres regiones especialmente porque corren un gran riesgo de transformación debido a la creciente demanda de la agricultura. Si este mecanismo de financiación contempla a los pueblos indígenas y las comunidades locales para lograr el objetivo, podría ser un esfuerzo significativo.

Acuerdos importantes

– Financiación directa. En las negociaciones de la COP26, los gobiernos de Reino Unido, Noruega, Alemania, Estados Unidos, Países Bajos y 17 donantes privados anunciaron que otorgarán 1.700 millones de dólares, entre 2021 y 2025, directamente a los pueblos indígenas para apoyar su labor de guardianes de los bosques. Este es considerado como un acuerdo histórico, pues estos pueblos han recibido menos del 1% de los recursos que se destinan globalmente para reducir la deforestación, según un estudio reciente de Rainforest Norway.

– Detener y revertir la deforestación a 2030. Colombia, Brasil, Estados Unidos, Rusia y otros 100 países, que representan el 85% de los bosques del mundo, firmaron la Declaración de los líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra de la COP 26, un documento en el que se comprometen a acabar con la pérdida de bosques antes de que finalice la próxima década;en el texto, también se comprometen con el empoderamiento y la protección de las comunidades locales y los pueblos indígenas, afectados negativamente por la explotación y degradación de estos ecosistemas. 

FOTOGRAFÍA: Juan Gabriel Soler

Este podría ser un acuerdo histórico si no repite la historia de la Declaración de Nueva York sobre bosques, realizada en el 2014 con compromisos similares, que no se cumplió porque no era vinculante, o legalmente obligatorio, entre otras razones.

Lo que hace falta

– Según el Foro Internacional Indígena para la Biodiversidad (FIIB), en la nueva agenda global de biodiversidad hace falta reconocer de forma más explícita el aporte de las tierras, territorios y aguas de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales. Por ejemplo, respaldando sus iniciativas de conservación en la Meta 3 o 30X30 -que propone proteger el 30% de la superficie terrestre y marítima para el 2030.

– Un gran acuerdo global que priorice la protección de la Amazonía. Como lo han señalado la Fundación Gaia Amazonas y la Alianza NorAmazónica (ANA) -que reúne a ocho organizaciones de la sociedad civil que trabajan de la mano con pueblos indígenas amazónicos-, es necesario establecer metas específicas más ambiciosas y acordes con las realidades regionales de la Amazonía, ya que la meta 30X30 no es significativa para esta. Hoy, un 50% del bioma ya se encuentra bajo alguna figura de protección (territorios indígenas o áreas naturales protegidas).

La Amazonía, como gran extensión boscosa, influye en la temperatura global y mantiene el planeta uno o dos grados más frío; de su integridad ecológica dependen los sistemas que soportan la vida, incluyendo la nuestra.

Según la FAO también es necesario reforzar los sistemas de gobernanza de los pueblos indígenas, compensar los servicios medioambientales que prestan sus territorios, y asegurar fondos para los derechos territoriales y la gestión de los bosques, especialmente en los países tropicales. 

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