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Se cumple un año desde que la Corte Constitucional invitó a los gobiernos indígenas de la Amazonía y a entidades del Estado a un diálogo intercultural sobre minería ilegal
El 29 de abril del 2021, la Corte Constitucional se pronunció respecto a la tutela impuesta por los gobiernos indígenas del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí. En este fallo, reconoció la necesidad de establecer diálogos interculturales con los pueblos indígenas de la Amazonia.
La contaminación por mercurio en la Amazonía Colombiana representa una amenaza para la supervivencia de los Pueblos Indígenas y el equilibrio ambiental de este bioma. Los altos niveles de este metal nocivo afectan su supervivencia física y cultural. La alta concentración de mercurio que hoy afecta la Amazonía es producto de la extracción de oro que, además de ser ilegal en la mayoría de los casos, contradice el manejo ambiental y el respeto por el territorio que es la base cultural para estos pueblos. Para ellas, minerales como el oro son sagrados y su extracción genera desequilibrios ambientales, sociales y culturales.
Esta problemática había sido denunciada en varias ocasiones por medio de acciones populares, estudios de impacto y avisos a instancias judiciales y autoridades ambientales. Desde el año 2000, las Comunidades Indígenas del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí adelantaban alertas sin recibir soluciones efectivas. Ante este panorama, el 19 de noviembre del 2019, en un nuevo intento por salvaguardar la vida de sus territorios y habitantes, los representantes de los más de 30 Grupos Étnicos Indígenas presentaron una acción de tutela solicitando la protección de sus derechos fundamentales y una respuesta del Estado ante los daños ecológicos y culturales.
La elaboración y presentación de este recurso jurídico contó con la asesoría y acompañamiento de Gaia Amazonas en alianza con la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes (MASP) y la Procuraduría General de la Nación. En ella, se exponían los riesgos a los que estaban expuestos los miembros de las comunidades tras la alta concentración de mercurio y los múltiples derechos que se les estaban vulnerando. Entre ellos, el derecho a la salud, a la vida, a la dignidad, la diversidad e integridad, entre otros.
Después de un largo proceso, y de ser considerada improcedente en las primeras dos instancias, la tutela fue revisada por la Corte Constitucional. Por medio del Auto T-7.983.171, el alto tribunal manifestó la importancia de realizar un diálogo previo con los actores que habían sido directamente afectados por esta problemática. Esto, antes de tomar alguna decisión o implementar algún tipo de medida. Además, solicitó información detallada al respecto del caso por parte de entidades gubernamentales que tienen injerencia.
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Hoy, 28 de abril, se celebra un año del pronunciamiento de la corte. Un fallo valioso para el diálogo intercultural,especialmente porque este es un proceso que se ha hecho muy pocas veces en el país. En esta nueva oportunidad, el diálogo entre culturas abre paso al reconocimiento de los saberes ancestrales amazónicos y a una nueva forma de cuidar el medio ambiente, que puede ser un insumo importante en la lucha por la conservación ambiental y en contra de la minería ilegal.
También, aporta otra visión al ordenamiento territorial. hacia una mirada holística que, diferente a como ha sido durante décadas, ve al territorio como igual y promueve la planeación territorial de abajo hacia arriba. Además, complementa los avances en autonomía territorial y consolidación de la gobernanza que promueve el Decreto 632 de 2018; decreto que otorga a los territorios indígenas de Amazonas, Vaupés y Guainía las mismas facultades políticas y administrativas de los municipios para gobernar sobre sus territorios, el 18,2% de la Amazonia.
